La Ley 41/2015, de 5 de Octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, introduce en nuestro ordenamiento procesal una serie de novedades verdaderamente trascendentes, entre las que se encuentran las relativas a los Recursos de Apelación y de Casación, que merecen una consideración muy especial, siendo preciso adelantar la estrecha vinculación que, en la nueva regulación, se produce entre esas novedades de ambos Recursos, tanto por la repercusión que la universalización de la segunda instancia penal tendrá sobre la Casación como por la extensión de ésta al conocimiento de Resoluciones dictadas en Apelación que hasta la fecha estaban excluidas de semejante posibilidad.