El legislador, una vez fracasada la promulgación de un nuevo Código Procesal Penal, siendo consciente de la creciente inoperatividad y agonía del proceso penal, provisto de una norma tan vetusta como falta de cohesión, ha llevado a término durante los últimos meses diversas reformas de calado procesal-penal. En concreto, la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales han introducido un novedoso sistema de plazos máximos en la fase de instrucción al objeto de limitar la duración de las investigaciones criminales y, en consecuencia, de procurar determinados efectos procesales a la cuestión. No obstante lo anterior, ya sea por la exigua reflexión en la tramitación parlamentaria de la norma o, más aún, por el deficiente tenor literal del artículo regulador de la materia, el nuevo sistema de plazos en la fase de instrucción arroja más sombras que luces y, por los motivos que se detallan en el presente estudio, con la referida reforma se generarán, con total certeza, diversos problemas procesales que restarán calidad a la aplicación de la norma procesal y predictibilidad a nuestro ordenamiento penal.