El artículo realiza un análisis de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, planteando las similitudes y diferencias con su predecesora, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. Trata el concepto de seguridad ciudadana y su relación con el de seguridad pública; enumera los motivos que han llevado a promulgar una nueva norma que sustituyera a la aprobada en 1992; explica el proceso de elaboración; y se centra en algunos de los principales contenidos, bien en razón de su génesis, bien por su novedad o por la polémica suscitada. El nuevo régimen sancionador es ampliamente comentado, con especial referencia a las normas para la graduación e individualización de las sanciones pecuniarias
y la extensión del catálogo de infracciones, la descripción de los tipos infractores y la regulación de un procedimiento abreviado. Se destaca, así mismo, que la represión de las conductas que afectan al libre ejercicio de los derechos y libertades no puede encomendarse únicamente al Código Penal, reservado para la sanción de las conductas más graves, sino que debe complementarse con una vertiente administrativa para las menos graves, como sucede en otros Estados de nuestro entorno jurídico. Ésta es una de las finalidades que la nueva ley de protección de la seguridad ciudadana viene a cubrir.

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